CRONOLOGÍA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL INTEL
30 de diciembre de 1992. El ministro de Gobierno y Justicia, Juan Chevalier, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto para privatizar el INTEL.
4 de marzo de 1993. Legisladores del PRD rechazaron el proyecto de ley que intentaba privatizar la telefonía panameña. El gobierno de Endara tuvo la oposición de los legisladores perredistas, principalmente de Balbina Herrera, Alberto Alemán Boyd y el secretario general de los trabajadores del INTEL Marcos Levy.
4 de diciembre de 1994. Porras y el ministro de Gobierno, Raúl Montenegro, entregaron a la Asamblea el proyecto INTEL, S.A. Dos semanas después, el proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en sesiones extraordinarias.
18 de mayo de 1995. INTEL, S.A. nombró a su junta directiva incluyendo a Herrera y Levy como vocales. Ambos apoyaron el proyecto.
20 de mayo de 1995. Por la Ley No. 20, el Ministerio de Hacienda y Tesoro constituirá el Fondo Fiduciario para el Desarrollo en el Banco Nacional.
14 de marzo de 1996. Fue contratada la empresa norteamericana Salomon Brothers. En total, sus honorarios completos alcanzaron 7.4 millones.
23 de mayo de 1996. Telefónica Internacional de España, GTE y South Western Bell (SWB) presentaron la documentación para la precalificación.
5 de agosto de 1996. El Gobierno anunció que precalificaban GTE y SWB. Telefónica quedaba fuera porque tenía un componente estatal del Gobierno español que reñía con el artículo 21 de la ley 31, de febrero de 1996.
7 de agosto de 1996. SWB se retira del proceso.
2 de septiembre de 1996. El gobierno anunció una nueva precalificación. A última hora se presentó Cable & Wireless, impulsada por el empresario jamaiquino Mayer Matalón, chairman de C&W de Jamaica y miembro del directorio del Bank of Nova Scotia.
7 de enero de 1997. El Ejecutivo modificó dos artículos de la ley 20. El primero decía que el capital del Fondo sería utilizado para proyectos de interés social. La modificación limita las inversiones a lo que rindan los intereses. El 5% será para desarrollo de interés social, y el otro 5% se para el sector agropecuario. El 90% restante garantiza la emisión de bonos u otros instrumentos de deuda pública. Las sumas obtenidas, serán para financiar inversiones de desarrollo e interés social.
28 de abril de 1997. El proyecto de Ley 78, aprueba los contratos de compraventa del 49% de las acciones del INTEL, S.A., y la concesión, administración y operación del servicio. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Tesoro para que constituya en el Banco Nacional de Panamá el fideicomiso para pagar gastos parciales que resulten de la venta del 49% de las acciones del INTEL, S.A.
21 mayo 1997. Cable & Wireless compra el 49% de las acciones y la operación del sistema de telecomunicaciones al ofrecer 652 millones. 152 millones por encima del precio estimado. GTE ofreció 451 millones 999 mil dólares.
El INTEL mantenía en ese momento activos de 430 millones de dólares. Obtuvo 158 millones
en ganancias durante 1996. Estaba libre de deudas. Tenía aproximadamente de 45 millones
en cuentas por cobrar. 15 millones de clientes comerciales y 15 millones del Estado.
CONSECUENCIAS
Negativas: Según el expresidente del Colegio de Economistas, lic. Alejandro Cordero:
- El Estado ha disminuido sus ingresos.
- Los gastos públicos no disminuyen.
- El costo de vida ha aumentado.
- Se ha pasado de monopolios púbicos a monopolios privados
- Antes que privatizar se debió haber diseñado un esquema para aumentar la competencia.
Positivas: Según Guillermo Chapman las privatizaciones han sido positivas para la economía.
- En el mejor año el INTEL invirtió 50 millones. Cable & Wireless, en los primeros dos años ha invertido 285 millones.
- C&W ha digitalizado todas las centrales.
- Se han añadido 100 mil nuevos teléfonos.
- El 65% de los usuarios paga menos. Cifra basada en la facturación que ha presentado la empresa.
RAZONES DE LA PRIVATIZACIÓN
Gobierno de Endara:
- La decisión no es de él, sino el resultado de sugerencias virtualmente impositivas de los organismos financieros internacionales a Panamá.
- El Estado debe concentrar su inversión en el sector social.
- El funcionamiento eficiente de la telefonía requiere administración eficaz e inversiones cuantiosas y eso lo hace mejor el sector privado.
El Gobierno actual:
- Ha prometido destinar casi la totalidad de los fondos de la venta a un fideicomiso para el desarrollo social.
Opinión personal:
- En una economía de libre mercado las empresas privadas en general son más eficientes, ágiles y tienen más capacidad de reacción a los cambios que las empresas públicas.
- En las empresas privadas la ineficiencia las hace desaparecer. En las empresas públicas es necesaria gran burocracia para controlar la corrupción. El favoritismo priva sobre la capacidad.
- El Intel era una empresa rentable gracias al monopolio de que disfrutaba. Pero no era eficiente.
- El estado está recibiendo menos ingresos.
- Con la privatización del INTEL se ha cambiado de un monopolio estatal a un monopolio privado.
- Las tarifas han subido pero el servicio está mejorando.
DATOS POLÉMICOS
Según el exdirector de la Unidad Técnica de Privatización de INTEL, Guillermo Inchausti, el momento ideal para haber vendido la compañía fue entre 1992 y 1993, cuando en el hemisferio se pagaron cantidades astronómicas y multimillonarias. El retraso en la venta influyó para que se presentaran únicamente dos compañías a la licitación.
El 4 marzo de 1993 Balbina Herrera declaró: "Nos oponemos a la privatización del INTEL porque el Gobierno sólo busca favorecer a sus allegados, que son los interesados en comprar''. Dos años después esta misma legisladora y el secretario general de los trabajadores del INTEL habían cambiado de opinión.
El secretario general de los trabajadores del INTEL Marcos Levy, fue el primero en aplaudir la nueva ley aprobada por los legisladores del PRD. Sus presuntas habilidades como negociador le permitieron conseguir el 2% de las acciones del INTEL para el Sindicato de Trabajadores -consignadas en un fideicomiso sin posibilidad de venta por el momento-. El proyecto de privatización de INTEL de la administración Endara al que él tan férreamente se opuso, concedía a los trabajadores de esa empresa el 5% de las acciones y opción de compra de otro 5%.
Juan Ramón Porras fue indemnizado con 292 mil 731 dólares. Transparencia Internacional sostiene que no es ético participar como negociador por parte de la empresa y beneficiarse posteriormente con la convención colectiva. El salario mensual del director del INTEL era de seis mil dólares más cuatro mil dólares de gastos de representación.
Información tomada del diario La Prensa
José Bordelon Home Page